Antonio Asunción

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ANTONIO ASUNCIÓN

(1.951-2.016)

 

     Antoni Asunción Hernández nació en Manises (Valencia) el 12 de julio de 1951, en el seno de una familia acomodada de industriales. Cursó estudios de Ingeniería Técnica Industrial, sin llegar a terminarlos y un máster en ciencias empresariales. Su carrera política comenzó al afiliarse al PSOE en 1977, a los 26 años.

     En 1979, Asunción fue elegido alcalde de su pueblo natal y reelegido por mayoría cualificada de 2/3 en 1.983. Entre 1983 y 1988 fue presidente de la Diputación Provincial de Valencia donde  creó la empresa EGEVASA   para facilitar el suministro homogéneo y continuo del agua a toda la provincia de Valencia.

    El día 28 de julio de 1988 fue nombrado Director General de Instituciones Penitenciarias por el entonces ministro de Justicia, Enrique Múgica Herzog. En sus primeras palabras tras su nombramiento dice «Yo creo que el sistema penitenciario español no está bien, pero se puede perfectamente comparar con los europeos. Se está intentando llevar a cabo una serie de medidas y hay que ser conscientes de las dificultades. Convendría hacer un análisis desde la primera reforma iniciada por Victoria Kent hasta ahora para tener una idea de las dificultades que entraña el sistema penitenciario»

     Desde su llegada a este cargo, Asunción se toma contacto con la realidad de la Institución con incontables visitas a las prisiones para conocer sus infraestructuras y el funcionamiento de los servicios penitenciarios. Enseguida es consciente de que las necesidades en materia de infraestructuras, sanidad, seguridad, formación y trabajo exigen cuantiosas inversiones para conseguir unos servicios dignos y adecuados.

   Por otra parte, la estructura de la Dirección General se limitaba a dos Subdirecciones Generales, la de Gestión Penitenciaria y la de Gestión de personal, la Escuela de Estudios Penitenciarios, la presidencia de la Comisión de Asistencia Social Penitenciaria y tenía adscrito el Organismo Autónomo de Trabajos Penitenciarios.

     Con dicho motivo interesa de su equipo de apoyo los informes y propuestas detalladas sobre la situación de dichas especialidades, su capacidad para atender las necesidades de la Institución y las actuaciones necesarias para disponer a corto plazo de una red moderna y conforme con las exigencias legales.

     El informe con el nombre de Plan de modernización de la estructura penitenciaria, anunciaba que en unos seis años sería necesario construir 21.000 nuevas plazas, ya que al déficit inicial de 6.000 plazas había que añadir que las diferencias el ritmo de crecimiento anual de la población interna y el de construcción (dos por uno) y la necesidad de sustituir 21 centros que se consideraban amortizados por su avanzada edad, falta de condiciones y elevado coste de explotación. Todo ello supone una inversión superior con mucho a los 100.000 millones de pesetas a añadir a los 60.000 del presupuesto anual ordinario que se destinan en la actualidad al mundo penitenciario.

     En materia sanitaria el deterioro de la población reclusa por problemas derivados del consumo de drogas hacía necesario incrementar de forma significativa el personal especializado, el suministro de medicamentos, los medios materiales y el establecimiento de acuerdos con las administraciones sanitarias regionales para el tratamiento adecuado de los problemas sanitarios de los internos.

     La seguridad de las prisiones presentaba notables lagunas como consecuencia de la antigüedad de muchos edificios al tiempo que la gestión penitenciaria eran cada día más comprometida al aumentar la cantidad de miembros de organizaciones criminales en el interior de las prisiones. Las subidas a los tejados como medio de protesta eran frecuentes, las fugas ocasionales con salto de los muros de ronda, un sistema de vigilancia exterior mediante garitas poco operativo y las protestas en forma de motín se sucedían con cierta periodicidad. La concentración de terroristas en algunas prisiones se manifestaba contraria a su propia reinserción al facilitar el control de los internos por parte de sus organizaciones, que los utilizaba para sus fines propagandísticos, exigiéndoles el sacrificio de sus legítimos derechos personales, en favor de los intereses políticos de dichas organizaciones.

     En educación, cultura, deporte y trabajo los problemas eran similares, falta de espacios e instalaciones adecuadas, personal de la Institución insuficiente, escasa colaboración de otras Administraciones y de Organizaciones no gubernamentales.

     Para terminar con esta situación en 1.989 propone la reestructuración de la Dirección General añadiendo dos nuevas Subdirecciones: Planificación de Medios y Sanidad Penitenciaria.

     Desde la primera se desarrollará el Plan de modernización de la estructura penitenciaria, la definición de los programas de necesidades y las bases para la homologación de espacios con otras administraciones. La segunda se encarga de organizar una estructura sanitaria propia, la coordinación de los servicios médicos con las áreas sanitarias públicas, programas para combatir el sida, hepatitis, tuberculosis y prevención de enfermedades infecto-contagiosas.

     En forma paralela implanta la política de dispersión de condenados por actos de terrorismo, con objeto de acabar con el control de las bandas organizadas sobre ellos. Favorece la reinserción acercando a sus lugares de origen a aquellos que muestran evidencias de arrepentimiento y voluntad de abandonar la lucha armada, mientas que aleja y separa a los que persisten en actitud violenta. En palabras de Asunción: «la política de dispersión de los presos terroristas permitirá a los propios internos de ETA convencerse de que son víctimas de una «doble prisión»: la que marca su condena y a la que les obliga la dirección de su organización, opuesta a que éstos se reinserten.»

     La respuesta de las organizaciones terroristas no se hizo esperar. Los Grapo inician una huelga de hambre salvaje, que duró varios meses y acabó con la vida de José Manuel Sevillano, tras 177 días de permanecer en esta situación. Durante estos hechos llegó a cuestionarse la constitucionalidad de la alimentación forzosa para salvar la vida de los internos cuando estos no tienen consciencia. Por su parte Eta incluye a la Administración Penitenciaria como objetivo de sus acciones: El 8 de mayo de 1.989 el funcionario José Luis López Montenegro es ametrallado en los accesos a Alcalá-Meco y dos policías asesinados al explotar el coche abandonado por los terroristas; el 13 de marzo de 1.990 fallece el funcionario de la prisión de Martutene Ángel Mota Iglesias de un tiro en la cabeza; se recrudecen las amenazas y cartas o paquetes bomba cómo el que causó la muerte el 14 de marzo de 1.990 de Conrada Muñoz Herrera, madre de un funcionario que abrió un paquete dirigido a su hijo; el 15 de febrero de 1.991 un coche bomba explota en la hora del relevo del cuerpo de guardia de la prisión de Málaga, con el resultado de bloque de 15 viviendas destrozado, daños en otras 25 y en el edificio de accedo de la prisión provincial, afortunadamente sin víctimas mortales; el 28 de junio de 1.991 un paquete bomba hace explosión en el escaner de paquetería de la prisión provincial de La Ranilla de Sevilla, fallecen el funcionario Manuel Pérez Ortega los internos Donato Calzado García y Jesús Sánchez Lozano y el visitante, hermano de otro interno del Centro, Edmundo Pérez Crespo.

     La organización de la estructura se completa el 16 de enero de 1.991 cuando una nueva reestructuración del Ministerio eleva el rango de la anterior Dirección General a Secretaría General de Asuntos Penitenciarios, con dos Direcciones Generales dependientes, la de Instituciones Penitenciarias y la de Administración Penitenciaria, otorgando a esta última le las competencias en materia de gestión de inversiones .penitenciarias. Los trabajos se aceleran y aquel borrador de Plan de modernización adopta su forma final bajo el nombre de Plan de Amortización y Creación de Establecimientos Penitenciarios (Pacep), que es aprobado por el Consejo de Ministros el 5 de julio de 1.991. Se redacta el Proyecto de Centro Penitenciario Tipo, cuyo proyecto básico y de implantación en Soto del Real se supervisa en Diciembre del mismo año. El 2 de febrero de 1.992 el Consejo de Ministros acuerda la creación de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, a quien encomienda la ejecución del Pacep, y dos meses después, en abril de 1.992, el Proyecto del Centro Penitenciario Tipo se presenta públicamente.

     El 23 de julio de 1.993, tras obtener la credencial de Diputado en las elecciones generales es designado de nuevo para dirigir las Instituciones Penitenciarias, elevándose el rango de la Institución a Secretaria de Estado para mantener la compatibilidad de ambos cargos. Poco permanecería en este cargo, ya que el 24 de noviembre, tras la dimisión de José Luis Corcuera, es nombrado Ministro del Interior.

     Por entonces comenzaban a conocerse las actividades ilícitas de Luis Roldán, anterior Director General de la Guardia Civil y las irregularidades con los fondos reservados del ministerio. Convencido de que la vía correcta para acabar con el terrorismo era la reinserción individual, paralizó los intentos de negociación con Eta que de forma desordenada se propugnaban desde sectores del gobierno y de su propio partido, ya que a su entender eran muestras de debilidad y al terrorismo solo se le puede vencer con el uso de la fuerza utilizando para ello métodos policiales. El 30 de abril de 1.994, cuando conoce la huida de España de Luis Roldán presenta su dimisión con carácter irrevocable.

     Con posterioridad se dedica a temas privados, primero desde el Consejo de Administración de un Banco portugués y con posterioridad, de regreso a su tierra en la empresa familiar. Alejado de la política, en septiembre de 2.010 manifiesta su deseo de presentar su candidatura a la presidencia de la Generalitat, para lo que tenía que enfrentarse en primarias al secretario general del pattido en Valencia. Mantuvo ciertas discrepancias con su partido por el rechazo de parte de los avales presentados, cuestión que motivo la suspensión de su militancia y la pérdida de las demandas judiciales presentadas por supuestas irregularidades.

     El 5 de marzo de 2.016 fallece en Manises como consecuencia de un cáncer detectado tan solo unas semanas antes.